Fernando Carrillo Martínez · 06/10/2026 · 15 min de lectura

Los nuevos raíles de las finanzas

La nueva propiedad

Comencé a interesarme por los cripto-activos como la mayoría de nosotros. Noticias sobre Bitcoin, incrementos de precio del 10.000% e historias de jóvenes haciéndose ricos de la noche a la mañana. Hace casi una década que investigo blockchain, y todavía me llama la atención la ausencia de contenido de valor relacionado con esta tecnología. Tan solo hay que consultar en internet la palabra “Crypto”. Probablemente, aparezcan 10 predicciones del precio de $BTC, 6 cursos sobre trading con apalancamiento y 3 estafas relacionadas con la compra de memecoins. En mi caso, traté de encontrar la verdad. Sabía que, más allá de la especulación, había una tecnología con potencial de revolucionar el sector financiero. Después de años, considero haber comprendido el verdadero telos de la tecnología detrás de proyectos como Ethereum, Solana o Avalanche. La intersección entre economía, derecho y tecnología. Los nuevos raíles del sistema financiero. La nueva propiedad.

¿Cómo puedes saber si algo es verdadero o falso?

Esta pregunta a menudo pasa desapercibida en el día a día. Pongamos algunos ejemplos:

¿Cómo puedes saber…

Que un título universitario es auténtico?
Que las entradas de un concierto son verdaderas?
Que un carnet para acceder a la biblioteca es real, y no una copia?

La respuesta es sencilla: porque existe un registro. Las universidades almacenan internamente información sobre los graduados, los organizadores de eventos recogen los titulares de cada entrada y las bibliotecas guardan archivos sobre la identidad de sus usuarios. Verificar la autenticidad de elementos comunes en nuestro día a día depende de registros. Registros que, habitualmente, dependen de entidades privadas.

El concepto es sencillo, pero sus implicaciones son profundas. Cuando decimos que algo “nos pertenece”, normalmente existe algún registro que permite demostrarlo. La propiedad no existe únicamente porque una persona afirme poseer algo, sino porque existe una infraestructura capaz de reconocer, actualizar y hacer valer ese derecho.

La propiedad asentada sobre registros privados

Miles de millones de euros de ahorro reposan cada día en cuentas corrientes bancarias. Los ahorradores, concienciados de la reciente crisis financiera de 2008, confían sus fondos a entidades amparándose en protecciones como el Fondo de Garantía de Depósitos en Europa, que protege hasta 100.000 euros en caso de insolvencia de entidades bancarias.

Otros escogen invertir en valores o fondos de inversión para preservar su poder adquisitivo, o en algunos casos, para evitar el riesgo de contraparte que supone tener millones de euros en una cuenta o depósito bancario. Billones de euros permanecen invertidos en acciones, bonos, ETFs y fondos de inversión bajo la premisa de la “segregación de activos”, protección otorgada por el regulador que impide que los acreedores de entidades fallidas puedan dirigirse contra los activos de clientes.

El sistema parece haber encontrado un equilibrio: los ahorradores confían en el Fondo de Garantía de Depósitos, y los inversores encuentran tranquilidad en la segregación de activos que obliga a las entidades bancarias a mantener los valores de clientes separados de su propio balance. Sin embargo, existe una reflexión más profunda y trascendental que caracteriza nuestro sistema:

Billones de euros de valor se encuentran registrados en una infraestructura fragmentada de registros, muchos de ellos mantenidos por entidades privadas y conectados mediante complejas cadenas de confianza, reconciliación y reconocimiento jurídico.

Sabemos que tenemos dinero en cuenta corriente, acciones o fondos “reales” porque la aplicación del banco así nos lo muestra. Y nosotros confiamos en estos registros privados, donde depositamos nuestra confianza y nuestra riqueza.

Los bancos son solo una pequeña parte de las cañerías que sostienen al sistema financiero actual. A menudo, en países como España, el recorrido simplificado es el siguiente:

Cliente desea comprar 100 acciones de Iberdrola → el banco recibe la orden y los fondos necesarios para operar → un broker ejecuta la transacción → la liquidación finaliza en un Central Securities Depository o CSD (Iberclear en España).

Aquí conviene distinguir dos conceptos que habitualmente se confunden: la negociación o trading y la liquidación o settlement.

El trading es el momento en el que comprador y vendedor acuerdan la operación: qué activo se compra, en qué cantidad y a qué precio. El settlement, en cambio, es el proceso mediante el cual esa operación se hace efectiva, intercambiándose finalmente los valores y el dinero. En los mercados tradicionales, ambos procesos están separados.

Independientemente de que se trate de un proceso de varios días (T+2) hasta que la operación finaliza y es liquidada, existen varios intermediarios cuyos registros deben coincidir.

El banco, como intermediario y custodio, posee miles o millones de clientes, muchos de los cuales tienen también acciones de Iberdrola. Para ello, el banco debe gestionar un registro privado, en el que asigne a cada cliente el número de acciones exacto. Al mismo tiempo, el CSD mantiene las posiciones registradas en las cuentas de sus participantes. Estos registros deben coincidir en un proceso conocido como “reconciliación”. El banco actualiza sus registros privados sobre las posiciones de los activos de sus clientes, que contrasta periódicamente con los activos anotados en el registro del depositario central o CSD. Mientras tanto, el banco es responsable de mantener segregados los activos de sus clientes, es decir, de separar qué acciones de Iberdrola mantiene por cuenta propia y qué acciones de Iberdrola mantiene por cuenta de clientes.

Pero, ¿qué ocurre si ante un colapso, no coinciden los registros?

¿Cuál sería el resultado de un escenario en el que el banco asegura tener 100.000 acciones de Iberdrola en nombre de sus clientes apuntadas en su registro privado, pero Iberclear solo reconoce en su registro 99.000? ¿Qué ocurre con esas 1.000 acciones que, simplemente, “no están”?

No se trata de insolvencia, tampoco de fraude. Un evento tan sencillo como que los registros no coincidan. El problema no es únicamente dónde están esas 1.000 acciones, sino algo más profundo: ¿qué registro tiene autoridad para determinar quién es realmente propietario de ellas?

Actualmente existen mecanismos jurídicos y operativos para resolver estas discrepancias. Existen marcos contractuales, registros, auditorías, procedimientos de reconciliación y reglas de insolvencia. Pero no existe un único registro universal que permita a todos los participantes consultar el mismo estado de propiedad y resolver automáticamente una discrepancia.

Fragmentación de jurisdicciones y el “riesgo país”

El problema se agrava al adoptar una perspectiva internacional. En economías desarrolladas (UE, US, UK, Japón) la manera de representar activos financieros y preservar registros es similar. Entidades bancarias robustas cubiertas por instituciones de primer nivel asentadas en regímenes capitalistas que priman la seguridad jurídica, con el objetivo de preservar la confianza en el sistema y captar capital extranjero.

¿Pero qué ocurre cuando un ciudadano europeo busca invertir en jurisdicciones con marcos regulatorios, políticos y jurídicos distintos, como Guatemala, Kenia, Bosnia o Malasia?

La primera consecuencia es que se multiplican los intermediarios: ahora son necesarios varios custodios a nivel internacional. El banco en Europa, que a su vez concilia el registro con el custodio internacional, que al mismo tiempo se vincula con el custodio local, para finalmente liquidar operaciones en el CSD del país destino, como puede ser CDS (Central Depository System) en Malasia, operado por Bursa Malaysia.

La segunda consecuencia es el riesgo país. Si las acciones de empresas cotizadas en Malasia se rigen por la normativa interna y liquidan únicamente en el CDS a través de Bursa Malaysia, ¿qué ocurre si el depositario central falla? ¿Y si un nuevo partido político ordena suprimir la cotización de sus empresas? ¿O expropiar todas aquellas acciones mantenidas por extranjeros?

No se trata de que un depositario central o CSD pueda simplemente decidir cambiar quién es propietario de un valor. Su función está determinada por la legislación y la regulación de la jurisdicción en la que opera. Pero precisamente por eso existe una dependencia última del ordenamiento jurídico y de las instituciones de cada país. Un cambio legislativo, una restricción a la inversión extranjera, una expropiación o una crisis institucional pueden afectar a la capacidad de un inversor extranjero para ejercer sus derechos.

El sistema financiero actual se sostiene sobre ordenamientos jurídicos dispares. Lejos de existir una única “fontanería” común para operar y liquidar activos financieros, cada Estado cuenta con instituciones y procesos distintos, lo que dificulta el libre flujo de capitales e inversión a nivel global.

En conclusión: no existe un sistema uniforme para intercambiar y registrar valor.

En un mundo global donde la información viaja a la velocidad de internet, el valor se atranca entre capas de intermediarios y ordenamientos jurídicos que merman la confianza de los inversores.

El nacimiento de Web3, “El Internet del Valor”

Así es como nace lo que hoy conocemos como Web3, construido sobre blockchain o tecnología de registro distribuido (DLT, por sus siglas en inglés). El objetivo es crear un “internet del valor”: una red que sirva como estándar global, transparente e inmutable para transferir activos reduciendo la dependencia de intermediarios.

Su primer gran hito, Bitcoin, demostró al mundo cómo es posible enviar y almacenar valor sin necesidad de bancos, entidades privadas o gobiernos. Bitcoin es, además de un cripto-activo, una blockchain pública con millones de nodos y participantes que contribuyen a asegurar la seguridad y viabilidad de la cadena. Siguiendo un protocolo, los participantes en la red pueden transferir valor con la seguridad de que el sistema es extremadamente resistente a la manipulación. En casi dos décadas de historia, la red Bitcoin no ha sufrido un solo fallo que haya permitido a una entidad controlar unilateralmente el estado de la red.

A menudo, algunos expertos afirman “nada sostiene a BTC” como un argumento en contra del valor de la tecnología blockchain. Sin embargo, esa es su principal virtud. Los cripto-activos como BTC circulan por cadenas públicas que no dependen de una única empresa ni de un único operador. No son emitidos por empresas ni controlados por particulares. No existe un CEO o consejo de administración. Solo un grupo de personas que deciden actuar de acuerdo con las reglas de un protocolo, persiguiendo unos incentivos, actuando en su mejor interés. El mejor ejemplo de la mano invisible de Adam Smith en el s. XXI son las blockchains públicas, en las que cada usuario, persiguiendo estrictamente su interés individual, contribuye a crear una plataforma cuya rigidez sostiene trillones de dólares de valor en la actualidad.

Sirva como ejemplo:

En el mundo actual (Web2), ¿cómo puedes distinguir si una fotografía es la original, o se trata de una copia?

Cualquier dispositivo puede duplicar una imagen sin que sea posible identificar cuál es la original. Ambas imágenes son idénticas. Si recibo una fotografía a través de internet, puedo duplicarla, y enviar dos archivos con las mismas propiedades. Ahora bien, si recibo 1 BTC a través de internet, ¿puedo duplicarlo? ¿Y si recibo $1 en stablecoins a través de una blockchain pública? El valor no puede falsearse, dado que existen miles de validadores independientes que conservan un registro común y lo preservan de alteraciones.

El internet del valor, o Web3, es una arquitectura universal que permite operar con instrumentos financieros de manera nativa a través de internet. Dado que se trata de un registro distribuido, permite verificar públicamente el estado de la cadena y evita determinados problemas propios de los sistemas digitales, como el double spending, sin depender de un único operador.

Actualmente, la sociedad depende de todo tipo de intermediarios para enviar información a través de internet. Microsoft para el correo electrónico, Meta para contenido en redes sociales, Google para entretenimiento a través de YouTube. Al mismo tiempo, para enviar valor, las personas necesitan utilizar intermediarios (bancos, brokers, entidades financieras) dado que no pueden operar en ausencia de estos. Hemos construido un modelo con dependencia total de terceros, que al margen de generar negocio en base a nuestras necesidades, mantienen registros privados en los que tenemos que confiar. Volvemos al inicio:

¿Qué ocurre si un día Instagram ha perdido mi cuenta, o mis publicaciones?
¿Y si una mañana Shopify no encuentra la tienda online de mi negocio?
¿Qué pasaría si he invertido miles de euros en elementos de un videojuego, y la empresa creadora desaparece?

Depositamos toda nuestra confianza y valor en intermediarios con registros de carácter privado.

Ethereum como potencial capa neutral, abierta y global de liquidación

Ethereum nace en 2015 con el propósito de crear una red imposible de censurar. Un registro público, neutral, inmutable y global en el que construir aplicaciones descentralizadas que eliminen al intermediario. Un mundo asentado bajo un único estándar independiente, respaldado por código y con la finalidad de proveer seguridad criptográfica y económica a sus participantes. Una suerte de máquina expendedora, en la que, introduciendo la moneda, uno tiene la seguridad de que recibirá su bebida sin intervención de ningún intermediario.

Ethereum procesa billones de dólares de valor cada día. Como cadena pública, es la base sobre la que a día de hoy existen divisas tokenizadas o stablecoins, además de activos tokenizados o RWA (Real-World Assets). Lejos de existir como medio de pago, ETH, el cripto-activo nativo de Ethereum, sirve para garantizar la independencia del mundo exterior. Ethereum surge como la evolución natural al sistema actual, un mundo gobernado por intermediarios sujeto a vicisitudes políticas y arbitrariedades.

Cualquier persona puede participar en la seguridad de la cadena. Para ejecutar un validador propio es necesario depositar ETH como garantía y operar la infraestructura necesaria. El validador comprueba la validez de las transacciones y participa en el consenso de la red. Si el usuario participa correctamente, el sistema le recompensa por aportar seguridad a la cadena. Si, por el contrario, trata de corromper la red mediante comportamientos prohibidos por el protocolo, puede ser penalizado mediante slashing: parte de su ETH en staking puede ser destruido y el validador expulsado de la red. La penalización aumenta cuando existe una conducta coordinada entre múltiples validadores. Se trata de teoría de juegos en su máximo esplendor: el ecosistema está diseñado para que la pérdida económica resultado de actuar de mala fe disuada a los participantes de perjudicar a la red.

Pero Ethereum introduce algo más importante que la posibilidad de especular con el precio de ETH: introduce un estado compartido. Miles de participantes independientes mantienen copias del estado de la red y verifican las mismas reglas. La confianza deja de depender exclusivamente de que una única entidad mantenga correctamente su base de datos privada y pasa a depender de un conjunto de reglas criptográficas, económicas y de consenso compartidas por la red.

Un único estándar global para la propiedad: ejecución privada, liquidación pública

A fecha de hoy, octubre de 2026, existen cientos de miles de millones de dólares en stablecoins sobre cadenas públicas, así como decenas de miles de millones de dólares en RWA (Real-World Assets) o activos del mundo real también tokenizados en blockchains públicas como Ethereum. Algunas consultoras como BCG proyectan alrededor de 14 trillones de dólares en valor de activos reales tokenizados para el año 2030. La verdadera pregunta no es si llegaremos a un mundo en el que todo el valor esté representado en tokens, sino cómo tendrá lugar la actualización del sistema financiero.

Cadenas públicas como Ethereum ofrecen una capa base universal sobre la que registrar y verificar estados de propiedad. Los bancos y los Estados necesitan a su vez proteger la privacidad y seguridad de los usuarios. El resultado con el que ya experimentan algunas de las grandes entidades financieras es un híbrido: private execution, public settlement.

La idea es sencilla: permitir que cada banco o plataforma lleve a cabo las operaciones de manera privada, utilizando registros privados para proteger la información de sus clientes, pero “anclando” dichos registros a una capa base pública universal. Entidades privadas recogiendo información de usuarios, ejecutando transacciones y garantizando su privacidad, mientras publican periódicamente a la capa base pruebas o compromisos criptográficos sobre el estado de sus registros.

De esta manera, no sería necesario que un banco publicase en Ethereum que Fernando posee 1.000 acciones, ni que revelase quién es el titular de una determinada cuenta. Podría mantener esa información de forma privada y publicar únicamente la información necesaria para que terceros puedan verificar que el estado de su sistema no ha sido alterado.

El objetivo no sería necesariamente sustituir todos los registros privados por uno público. Sería crear una capa común de liquidación y verificación sobre la que diferentes instituciones puedan operar, manteniendo la privacidad de sus clientes.

Y aquí aparece una distinción fundamental: una blockchain puede demostrar de forma inequívoca que una determinada dirección controla 1.000 tokens, pero no puede determinar por sí sola qué derecho jurídico representan esos tokens. Para que un token represente realmente una acción, un bono, una participación en un fondo o cualquier otro activo, debe existir un vínculo jurídico entre el registro digital y el derecho subyacente.

La verdadera revolución no sería, por tanto, simplemente convertir acciones, bonos o inmuebles en tokens. Sería conectar esos derechos jurídicos con un registro digital compartido, verificable y programable.

Un sistema en el que toda la propiedad termine asentándose en tierra común. Un mismo formato. Un único idioma.

Los activos financieros circulando libremente en todo el mundo, con plena seguridad jurídica, bajo un estándar homogéneo.

Por detrás de cada registro privado, fragmentado y en silos;

Existirá una capa pública común, neutral y verificable.

Esos son los nuevos raíles de las finanzas.

Esa es la nueva propiedad.

I became interested in crypto-assets like most of us. News about Bitcoin, price rises of 10,000% and stories of young people getting rich overnight. I have been researching blockchain for almost a decade, and I am still struck by the lack of valuable content about this technology. You only have to search the internet for the word “Crypto”. You will probably get 10 $BTC price predictions, 6 courses on leveraged trading and 3 scams involving the purchase of memecoins. In my case, I tried to find the truth. I knew that, beyond the speculation, there was a technology with the potential to revolutionise the financial sector. After years, I believe I have understood the true telos of the technology behind projects such as Ethereum, Solana or Avalanche. The intersection of economics, law and technology. The new rails of the financial system. The new ownership.

How can you tell whether something is true or false?

This question often goes unnoticed in everyday life. Let us take a few examples:

How can you tell…

That a university degree is authentic?
That concert tickets are genuine?
That a library card is real, and not a copy?

The answer is simple: because a register exists. Universities keep internal records of their graduates, event organisers record the holder of each ticket and libraries keep files on the identity of their users. Verifying the authenticity of common items in our daily lives depends on registers. Registers that, as a rule, depend on private entities.

The concept is simple, but its implications are profound. When we say that something “belongs to us”, there is usually some register that makes it possible to prove it. Ownership does not exist merely because a person claims to own something, but because there is an infrastructure capable of recognising, updating and enforcing that right.

Ownership built on private registers

Billions of euros in savings sit in current bank accounts every day. Savers, mindful of the recent financial crisis of 2008, entrust their funds to institutions, relying on protections such as the Deposit Guarantee Scheme in Europe, which protects up to 100,000 euros in the event of a bank’s insolvency.

Others choose to invest in securities or investment funds to preserve their purchasing power or, in some cases, to avoid the counterparty risk of holding millions of euros in a bank account or deposit. Trillions of euros remain invested in shares, bonds, ETFs and investment funds on the premise of “asset segregation”, a protection granted by the regulator that prevents the creditors of failed institutions from going after clients’ assets.

The system seems to have found a balance: savers trust the Deposit Guarantee Scheme, and investors find peace of mind in the asset segregation that requires banks to keep clients’ securities separate from their own balance sheet. However, there is a deeper and more far-reaching reflection that characterises our system:

Trillions of euros of value are recorded in a fragmented infrastructure of registers, many of them maintained by private entities and connected through complex chains of trust, reconciliation and legal recognition.

We know that we have money in a current account, or “real” shares or funds, because the bank’s app shows us so. And we trust these private registers, where we place our trust and our wealth.

Banks are only a small part of the plumbing that holds up today’s financial system. In countries such as Spain, the simplified path is often as follows:

A client wants to buy 100 Iberdrola shares → the bank receives the order and the funds needed to carry it out → a broker executes the transaction → settlement is completed at a Central Securities Depository or CSD (Iberclear in Spain).

Here it is worth distinguishing between two concepts that are often confused: dealing, or trading, and settling, or settlement.

Trading is the moment at which buyer and seller agree on the transaction: which asset is bought, in what quantity and at what price. Settlement, by contrast, is the process by which that transaction takes effect, with the securities and the money finally being exchanged. In traditional markets, the two processes are separate.

Regardless of the fact that it is a process lasting several days (T+2) until the transaction is completed and settled, there are several intermediaries whose records must match.

The bank, as intermediary and custodian, has thousands or millions of clients, many of whom also hold Iberdrola shares. To do this, the bank must manage a private register in which it allocates the exact number of shares to each client. At the same time, the CSD keeps the positions recorded in its participants’ accounts. These records must match in a process known as “reconciliation”. The bank updates its private records of its clients’ asset positions, which it periodically checks against the assets entered in the register of the central depository or CSD. Meanwhile, the bank is responsible for keeping its clients’ assets segregated, that is, for separating which Iberdrola shares it holds on its own account and which Iberdrola shares it holds on behalf of clients.

But what happens if, in a collapse, the records do not match?

What would be the outcome of a scenario in which the bank claims to hold 100,000 Iberdrola shares on behalf of its clients, recorded in its private register, but Iberclear only recognises 99,000 in its register? What happens to those 1,000 shares that, quite simply, “are not there”?

This is not insolvency, nor is it fraud. It is an event as simple as the records not matching. The problem is not only where those 1,000 shares are, but something deeper: which register has the authority to determine who really owns them?

Legal and operational mechanisms currently exist to resolve these discrepancies. There are contractual frameworks, registers, audits, reconciliation procedures and insolvency rules. But there is no single universal register that allows all participants to consult the same state of ownership and resolve a discrepancy automatically.

Fragmented jurisdictions and “country risk”

The problem gets worse when we take an international perspective. In developed economies (EU, US, UK, Japan) the way financial assets are represented and records are kept is similar. Robust banks, backed by first-rate institutions, within capitalist regimes that prioritise legal certainty, with the aim of preserving confidence in the system and attracting foreign capital.

But what happens when a European citizen seeks to invest in jurisdictions with different regulatory, political and legal frameworks, such as Guatemala, Kenya, Bosnia or Malaysia?

The first consequence is that intermediaries multiply: several custodians are now needed at international level. The bank in Europe, which in turn reconciles its register with the international custodian, which at the same time is linked to the local custodian, before transactions are finally settled at the CSD of the destination country, such as the CDS (Central Depository System) in Malaysia, operated by Bursa Malaysia.

The second consequence is country risk. If the shares of companies listed in Malaysia are governed by domestic rules and settle only at the CDS through Bursa Malaysia, what happens if the central depository fails? And what if a new political party orders its companies to be delisted? Or orders the expropriation of all shares held by foreigners?

It is not that a central depository or CSD can simply decide to change who owns a security. Its role is determined by the legislation and regulation of the jurisdiction in which it operates. But that is precisely why there is an ultimate dependence on each country’s legal system and institutions. A change in legislation, a restriction on foreign investment, an expropriation or an institutional crisis can affect a foreign investor’s ability to exercise their rights.

Today’s financial system rests on disparate legal systems. Far from there being a single common “plumbing” for trading and settling financial assets, each State has its own institutions and processes, which hinders the free flow of capital and investment at global level.

In conclusion: there is no uniform system for exchanging and recording value.

In a global world where information travels at the speed of the internet, value gets stuck between layers of intermediaries and legal systems that erode investor confidence.

The birth of Web3, “The Internet of Value”

This is how what we now know as Web3 was born, built on blockchain or distributed ledger technology (DLT). The aim is to create an “internet of value”: a network that serves as a global, transparent and immutable standard for transferring assets while reducing dependence on intermediaries.

Its first great milestone, Bitcoin, showed the world how it is possible to send and store value without the need for banks, private entities or governments. Bitcoin is, as well as a crypto-asset, a public blockchain with millions of nodes and participants who help to ensure the security and viability of the chain. By following a protocol, participants in the network can transfer value safe in the knowledge that the system is extremely resistant to manipulation. In almost two decades of history, the Bitcoin network has not suffered a single failure that has allowed one entity to unilaterally control the state of the network.

Some experts often claim that “nothing backs BTC” as an argument against the value of blockchain technology. Yet that is its main virtue. Crypto-assets such as BTC circulate on public chains that do not depend on a single company or a single operator. They are not issued by companies or controlled by individuals. There is no CEO or board of directors. Only a group of people who decide to act according to the rules of a protocol, pursuing certain incentives, acting in their own best interest. The best example of Adam Smith’s invisible hand in the 21st century is public blockchains, in which each user, strictly pursuing their own individual interest, helps to create a platform whose rigidity today underpins trillions of dollars in value.

Take the following example:

In today’s world (Web2), how can you tell whether a photograph is the original or a copy?

Any device can duplicate an image without it being possible to identify which one is the original. Both images are identical. If I receive a photograph over the internet, I can duplicate it and send two files with the same properties. But if I receive 1 BTC over the internet, can I duplicate it? And what if I receive $1 in stablecoins over a public blockchain? The value cannot be faked, because there are thousands of independent validators who keep a common register and protect it from alteration.

The internet of value, or Web3, is a universal architecture that makes it possible to deal in financial instruments natively over the internet. Because it is a distributed ledger, it allows the state of the chain to be verified publicly and avoids certain problems inherent to digital systems, such as double spending, without depending on a single operator.

Today, society depends on all kinds of intermediaries to send information over the internet. Microsoft for email, Meta for social media content, Google for entertainment through YouTube. At the same time, to send value, people need to use intermediaries (banks, brokers, financial institutions), since they cannot operate without them. We have built a model of total dependence on third parties which, besides doing business on the back of our needs, keep private registers that we have to trust. We are back where we started:

What happens if one day Instagram has lost my account, or my posts?
And what if one morning Shopify cannot find my business’s online shop?
What would happen if I had invested thousands of euros in items in a video game, and the company that made it disappeared?

We place all our trust and value in intermediaries with private registers.

Ethereum as a potential neutral, open and global settlement layer

Ethereum was born in 2015 with the purpose of creating a network that cannot be censored. A public, neutral, immutable and global register on which to build decentralised applications that eliminate the intermediary. A world resting on a single independent standard, backed by code and intended to provide cryptographic and economic security to its participants. A kind of vending machine where, by inserting the coin, you can be sure you will receive your drink without the intervention of any intermediary.

Ethereum processes trillions of dollars of value every day. As a public chain, it is the foundation on which tokenised currencies, or stablecoins, exist today, as well as tokenised assets, or RWA (Real-World Assets). Far from existing as a means of payment, ETH, Ethereum’s native crypto-asset, serves to guarantee independence from the outside world. Ethereum emerges as the natural evolution of the current system, a world governed by intermediaries and subject to political vicissitudes and arbitrariness.

Anyone can take part in securing the chain. To run your own validator, you need to deposit ETH as collateral and operate the necessary infrastructure. The validator checks the validity of transactions and takes part in the network’s consensus. If the user participates correctly, the system rewards them for contributing security to the chain. If, on the other hand, they try to corrupt the network through behaviour prohibited by the protocol, they can be penalised through slashing: part of their ETH in staking can be destroyed and the validator expelled from the network. The penalty increases when there is coordinated behaviour among multiple validators. This is game theory at its finest: the ecosystem is designed so that the economic loss resulting from acting in bad faith deters participants from harming the network.

But Ethereum introduces something more important than the possibility of speculating on the price of ETH: it introduces a shared state. Thousands of independent participants keep copies of the state of the network and verify the same rules. Trust no longer depends exclusively on a single entity correctly maintaining its private database, and comes to depend instead on a set of cryptographic, economic and consensus rules shared by the network.

A single global standard for ownership: private execution, public settlement

As of today, October 2026, there are hundreds of billions of dollars in stablecoins on public chains, as well as tens of billions of dollars in RWA (Real-World Assets), also tokenised on public blockchains such as Ethereum. Some consultancies, such as BCG, project around 14 trillion dollars in value of tokenised real assets by 2030. The real question is not whether we will reach a world in which all value is represented in tokens, but how the upgrade of the financial system will take place.

Public chains such as Ethereum offer a universal base layer on which to record and verify states of ownership. Banks and States, in turn, need to protect users’ privacy and security. The result that some of the large financial institutions are already experimenting with is a hybrid: private execution, public settlement.

The idea is simple: allow each bank or platform to carry out transactions privately, using private registers to protect its clients’ information, but “anchoring” those registers to a universal public base layer. Private entities collecting user information, executing transactions and guaranteeing their privacy, while periodically publishing to the base layer cryptographic proofs or commitments about the state of their registers.

In this way, a bank would not need to publish on Ethereum that Fernando owns 1,000 shares, nor reveal who holds a particular account. It could keep that information private and publish only the information needed for third parties to verify that the state of its system has not been altered.

The aim would not necessarily be to replace all private registers with a public one. It would be to create a common settlement and verification layer on which different institutions can operate, while preserving their clients’ privacy.

And here a fundamental distinction arises: a blockchain can prove unequivocally that a given address controls 1,000 tokens, but it cannot determine on its own what legal right those tokens represent. For a token to truly represent a share, a bond, a holding in a fund or any other asset, there must be a legal link between the digital record and the underlying right.

The real revolution, therefore, would not simply be turning shares, bonds or property into tokens. It would be connecting those legal rights to a shared, verifiable and programmable digital register.

A system in which all ownership ends up settling on common ground. One format. A single language.

Financial assets circulating freely all over the world, with full legal certainty, under a uniform standard.

Behind every private, fragmented, siloed register;

There will be a common, neutral and verifiable public layer.

Those are the new rails of finance.

That is the new ownership.