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Ilustración: Tiedemann

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Pensiones, el elefante en la habitación

A tres semanas de las elecciones del 29 de noviembre, las pensiones van ganando protagonismo en el debate político. El PSOE defiende la continuidad del sistema actual, la revalorización de las prestaciones y el refuerzo de sus ingresos. El PP garantiza la actualización conforme al IPC y confía en el crecimiento para sostenerlas. Vox, por otro lado, ha planteado combinar un sistema de reparto con otro de capitalización.

Las posiciones difieren, pero la discusión se centra en quién promete proteger más a los pensionistas, dejando una pregunta fundamental en segundo plano: qué esfuerzo exigirá mantener las prestaciones durante las próximas décadas, quién asumirá el coste y qué otras prioridades podrían verse desplazadas.

Una factura cada vez mayor

En 2009, el Banco de España ya advertía de que la mejora del empleo y de la productividad aliviaría la presión, pero no bastaría para compensar el envejecimiento. También señalaba la necesidad de modificar el sistema de reparto actual, en el que las cotizaciones actuales financian las prestaciones actuales. Por eso son fundamentales el número de trabajadores, sus salarios y la relación entre los que aportan y los que reciben, y esa relación se deteriora: según las proyecciones de Eurostat difundidas en 2023, España pasaría de 3,3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años a unas 1,7 en 2050.

Pero la demografía no explica por sí sola toda la situación. Según las estimaciones de Fedea, en 2025 el déficit de la Seguridad Social antes de transferencias estatales habría rondado los 69.800 millones de euros, aproximadamente un 27 % de su gasto total. Parte de esa necesidad de financiación corresponde a pensiones no contributivas y otras prestaciones que deben financiarse mediante impuestos. Sin embargo, Fedea señala que, desde 2012, ha sido necesario recurrir a recursos generales del Estado para complementar la financiación de las prestaciones contributivas todos los años.

Gráfico «Fuentes de financiación de la Seguridad Social ampliada, 2005-2024»: reparto entre cotizaciones sociales, impuestos de la Seguridad Social, transferencias y préstamos del Estado, y la línea del déficit contributivo, que pasa de 6.494 millones de euros en 2005 a -60.616 millones en 2024.

Elaboración de @jongonzlz con datos de Fedea

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó en 2025 que el gasto en pensiones aumentaría del 12,7 % del PIB en 2022 al 16,1 % en 2050. Este porcentaje nos permite medir el peso del gasto en la economía, pero su comparación con los ingresos fiscales ayuda a entender el esfuerzo presupuestario: según el Informe anual sobre fiscalidad 2025 de la Comisión Europea, manteniendo constante la presión fiscal de 2022, el gasto en pensiones en 2050 equivaldría aproximadamente a 46 de cada 100 euros de ingresos fiscales, frente a unos 35 de cada 100 en 2022.

Gráfico de la Comisión Europea: gasto público en pensiones como porcentaje de la recaudación de 2022, por país de la UE, con la media de 2022 a 2050 y los valores de 2022 y 2050. España (ES) encabeza la lista.

Fuente: Comisión Europea, DG de Fiscalidad y Unión Aduanera, a partir del Informe sobre el Envejecimiento 2024 y de los datos de Taxation Trends 2024. ES: España

Esta cifra es impactante: el gasto en pensiones equivaldría a casi la mitad de la recaudación. Bajo ese supuesto, quedarían unos 54 de cada 100 euros para atender el resto de las necesidades. Si no se obtuvieran recursos adicionales, el ajuste podría afectar a educación, sanidad y defensa, traduciendo el coste de mantener las pensiones en una mayor carga fiscal o en menos recursos para el resto de servicios públicos.

¿Qué proponen los partidos para el 29N?

Frente a este escenario, el PSOE defiende mantener el sistema público de reparto, con la revalorización conforme al IPC. A ello se añaden el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el aumento progresivo de las bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad, así como incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación.

El PP, por su parte, sitúa la actualización con el IPC como una «línea roja», según Feijóo, y confía en una economía más productiva y competitiva para cerrar el desequilibrio.

José María Figaredo, diputado de Vox en el Congreso, introdujo la posibilidad de combinar reparto y capitalización, planteando un sistema mixto ya presente en países como Suecia y Países Bajos. Más adelante, Santiago Abascal aseguró que las pensiones se pagarían «con el sistema que hay».

El coste que nadie pone sobre la mesa

En campaña, ningún partido parece dispuesto a explicar abiertamente los costes de su propuesta, por el gran coste político que podría suponer. Aunque las propuestas difieran ligeramente, todos garantizan las pensiones y prometen su continuidad, sin cuantificar el esfuerzo económico que exigiría cumplir esos compromisos.

La demografía, sin embargo, no entiende de campañas políticas. El envejecimiento, la jubilación de los baby boomers y la falta de recursos hacen cada vez más urgente reformar el sistema. No hay una solución clara, pero sí una obligación de debatir qué cambiar y a qué coste. Mientras este debate siga aplazándose por su coste político, las pensiones seguirán siendo el elefante en la habitación.

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