El impuesto que no votó nadie

La inflación en España vuelve al 4,9% y la mirada se va a la gasolinera. La pregunta interesante es otra: ¿por qué paga España las consecuencias de un shock energético que apenas le llega directamente por Ormuz?

El precio de la gasolina es una de las formas más visibles de la inflación. Basta con mirar el panel de una estación de servicio para comprobar que llenar el depósito cuesta más. Sin embargo, el verdadero impacto económico de un encarecimiento del petróleo no termina en el surtidor: se extiende por una cadena de costes que afecta al transporte, la producción y, finalmente, al consumidor.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) vuelven a poner este fenómeno en primer plano. En septiembre de 2026, la inflación española alcanzó el 4,9% interanual, seis décimas por encima de agosto y su nivel más alto desde febrero de 2023. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también aumentó, hasta el 3,1%.

Un mercado global, una factura local

España no necesita importar la mayor parte de su petróleo a través del estrecho de Ormuz para verse afectada por una crisis en esa zona. La razón es que el petróleo se comercializa en un mercado internacional: cuando una interrupción amenaza el suministro mundial, el precio de referencia puede aumentar y repercutir también en el crudo procedente de otras regiones.

El Brent pasó de unos 72 dólares por barril antes de la escalada del conflicto con Irán a alcanzar los 119 dólares en marzo. A mediados de octubre volvía a situarse en torno a los 110 dólares. La incertidumbre geopolítica se convierte así en un coste que termina llegando a economías muy alejadas del conflicto.

El impacto no se limita al combustible. El transporte encarece la logística, la logística afecta a la distribución y las empresas deben decidir si absorben los costes adicionales o los trasladan al consumidor. Por eso, el petróleo caro y persistente funciona como una especie de impuesto invisible: reduce el poder adquisitivo de los hogares sin que exista una decisión fiscal detrás.

El riesgo no es solo que suba la gasolina

No toda subida del petróleo provoca una inflación duradera. Parte del aumento de la tasa interanual puede explicarse por el efecto base: si los carburantes eran más baratos en septiembre del año anterior, la comparación hace que la inflación actual parezca mayor.

La señal que merece atención es la inflación subyacente. Su subida hasta el 3,1% no demuestra por sí sola que exista una espiral inflacionista, pero sí obliga a observar si el encarecimiento empieza a extenderse más allá de la energía.

Si los costes elevados se mantienen, algunas empresas pueden subir sus precios; los trabajadores pueden intentar recuperar poder adquisitivo y las expectativas de nuevas subidas pueden influir en futuras decisiones. El shock inicial deja entonces de afectar únicamente al combustible y puede adquirir una dinámica más persistente.

La diferencia es crucial: una subida puntual de la energía puede desaparecer de la tasa de inflación con el tiempo; una subida generalizada de precios resulta mucho más difícil de revertir.

El dilema del BCE

El Banco Central Europeo se enfrenta a una disyuntiva. Los tipos de interés no abaratan directamente el petróleo ni resuelven las interrupciones del suministro, pero pueden moderar el consumo y el crédito para evitar que el shock se traslade al resto de los precios.

El problema es que esta herramienta también enfría la actividad económica. Una financiación más cara presiona a las familias endeudadas y puede frenar la inversión empresarial. Si las presiones inflacionistas se consolidan, el BCE podría necesitar mantener unas condiciones monetarias restrictivas durante más tiempo.

El BCE debe distinguir, por tanto, entre un encarecimiento temporal y uno capaz de alterar las expectativas de inflación. No basta con observar cuánto sube el petróleo: importa cuánto tiempo se mantiene caro y hasta qué punto repercute en los demás precios.

¿Quién termina pagando la factura?

El impacto tampoco se reparte por igual. Quien necesita el coche para trabajar tiene menos margen para reducir su gasto en combustible. Los hogares con ingresos ajustados dedican una mayor proporción de su presupuesto a necesidades esenciales y disponen de menos capacidad para absorber nuevas subidas.

Por eso, el encarecimiento energético no es solo un problema de inflación: también afecta a la distribución del poder adquisitivo. Mientras algunas empresas pueden trasladar los costes a sus clientes, muchos hogares deben asumirlos directamente.

A largo plazo, reducir esta vulnerabilidad exige diversificar las fuentes de energía y mejorar la eficiencia energética. No elimina la exposición a los mercados internacionales, pero puede limitar cuánto depende la economía de sus fluctuaciones.

El dato de septiembre todavía no permite afirmar que España haya entrado en una nueva espiral inflacionista. Sí plantea una pregunta que va más allá del precio del litro: cuánto tiempo puede mantenerse el shock antes de extenderse al conjunto de la economía.

Porque este impuesto no aparece en ninguna declaración fiscal. Se paga en la gasolinera, puede llegar a la cesta de la compra y pesa más sobre quienes tienen menos margen para adaptarse. Y, mientras la economía siga expuesta a los precios energéticos internacionales, parte de esa factura continuará dependiendo de acontecimientos que ocurren a miles de kilómetros.

Gasoline prices represent one of the most visible forms of inflation. One need only look at a petrol station's price display to confirm that filling the tank costs more. However, the true economic impact of an oil price increase does not end at the pump: it extends through a chain of costs that affects transport, production and, ultimately, the consumer.

The latest data from the Instituto Nacional de Estadística (INE) brings this phenomenon back to the forefront. In September 2026, Spanish inflation reached 4.9% year-on-year, six-tenths higher than August and its highest level since February 2023. Core inflation, which excludes unprocessed food and energy products, also increased, to 3.1%.

A global market, a local bill

Spain does not need to import most of its oil through the Strait of Hormuz to be affected by a crisis in that area. The reason is that oil is traded on an international market: when a supply disruption threatens global supplies, the reference price can rise and also impact crude from other regions.

Brent moved from around 72 dollars per barrel before the escalation of the conflict with Iran to reach 119 dollars in March. By mid-October it was back around 110 dollars. Geopolitical uncertainty thus becomes a cost that ends up reaching economies far removed from the conflict.

The impact is not limited to fuel. Transport raises logistics costs, logistics affects distribution and companies must decide whether to absorb the additional costs or pass them on to consumers. This is why high and persistent oil prices function as a kind of invisible tax: they reduce household purchasing power without any fiscal decision behind them.

The risk is not just that petrol prices go up

Not every oil price increase causes lasting inflation. Part of the year-on-year rate increase can be explained by the base effect: if fuel was cheaper in September of the previous year, the comparison makes current inflation appear larger.

The signal that deserves attention is core inflation. Its rise to 3.1% does not in itself prove there is an inflationary spiral, but it does require monitoring whether the price increase is starting to spread beyond energy.

If elevated costs persist, some companies may raise their prices; workers may try to recover purchasing power and expectations of further increases may influence future decisions. The initial shock then ceases to affect only fuel and may acquire a more persistent dynamic.

The difference is crucial: a one-off energy price increase may disappear from the inflation rate over time; a generalised increase in prices is much harder to reverse.

The ECB's dilemma

The European Central Bank faces a dilemma. Interest rates do not directly cheapen oil or resolve supply disruptions, but they can moderate consumption and credit to prevent the shock from spreading to other prices.

The problem is that this tool also cools economic activity. More expensive financing pressures indebted households and can dampen business investment. If inflationary pressures take hold, the ECB may need to maintain restrictive monetary conditions for longer.

The ECB must therefore distinguish between a temporary price increase and one capable of altering inflation expectations. It is not enough to observe how much oil rises: what matters is how long it stays expensive and to what extent it impacts other prices.

Who ends up paying the bill?

The impact is also not distributed equally. Those who need a car for work have less room to cut their fuel spending. Households with tight incomes spend a higher proportion of their budget on essentials and have less capacity to absorb new price increases.

This is why the energy price increase is not just an inflation problem: it also affects the distribution of purchasing power. While some companies can pass costs on to their customers, many households must bear them directly.

In the long term, reducing this vulnerability requires diversifying energy sources and improving energy efficiency. It does not eliminate exposure to international markets, but it can limit how much the economy depends on their fluctuations.

The September data does not yet allow us to say that Spain has entered a new inflationary spiral. It does raise a question that goes beyond the price of a litre: how long can the shock persist before spreading throughout the economy.

Because this tax does not appear on any tax return. It is paid at the petrol station, may reach the shopping basket and weighs more heavily on those with less room to adapt. And as long as the economy remains exposed to international energy prices, part of that bill will continue to depend on events happening thousands of kilometres away.